DIANA ALVARADO 29 ABRIL 2019.- A través de la Secretaría de la Contraloría, los once municipios de Quintana Roo y el gobierno estatal llevaron a cabo la Firma del Acuerdo de Coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la gestión gubernamental.
La Presidente Municipal de Benito Juárez indicó que será para el intercambio de información, ideas y experiencias que permitan fiscalizar la aplicación de los recursos públicos, el fortalecimiento del control interno y la gestión gubernamental, además de evitar duplicidades de las funciones de los órganos de fiscalización.
Afirmó que se fortalecerá también la rendición de cuentas, incentiva la participación ciudadana a través de la contraloría social, además de ayudar a prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción en el marco de la ley, ya que la gente demanda eficiencia, honestidad y responsabilidad de parte de los servidores públicos; también, la gente quiere un gobierno transparente y que rinda cuentas, además de que se sancione cualquier acto de corrupción.
Agregó que este instrumento permitirá al Ayuntamiento de Benito Juárez acceder al apoyo técnico del Gobierno del Estado para reforzar los mecanismos de control interno de las dependencias y entidades del municipio, como parte del trabajo conjunto a esa causa.
El secretario de la Contraloría del Estado precisó que este convenio permite prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción, por lo que incluye apartados en materia de control, fiscalización, evaluación, gobierno digital, procedimientos de contratación y contraloría social. Para este 2019, se trabajará -por ejemplo- en el impulso del sistema local anticorrupción, contrataciones públicas transparentes, implementación de las plataformas administrativas, modernización de la gestión pública para tener un gobierno ordenado, entre otras acciones.
El titular del Ejecutivo Estatal recordó que con la reforma constitucional en el 2005 se dio la pauta para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción para combatir esa problemática y que la ciudadanía recobre la credibilidad en las instituciones. Como ejemplo de los avances, al inicio de su gestión la entidad se posicionaba en el número 32 en el país en materia de transparencia; en el 2017, ascendió al número 16 a nivel nacional, mientras que actualmente se encuentra en la cuarta posición, por lo que se debe buscar la primera posición con la participación ciudadana y mostrando resultados reales del combate a la corrupción.
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