DIANA ALVARADO 19 DE NOVIEMBRE 2025.— La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó ayer que este año restituyó 9 mil hectáreas a pueblos originarios como parte de los planes de justicia que impulsa el gobierno de México. Estas acciones, realizadas por medio de la enajenación de terrenos nacionales y del Programa de Atención de Conflictos Agrarios, forman parte del compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de atender las demandas históricas de las comunidades indígenas, señaló la dependencia en un comunicado.
La dependencia, encabezada por Edna Vega Rangel, detalló que cinco comunidades pertenecientes a tres pueblos indígenas fueron beneficiadas. Al pueblo wixárika se le restituyeron más de 5 mil 956 hectáreas; al tarahumara (rarámuri/ralámuli), 3 mil, y al ódami, más de 500.
Los planes de justicia incluyen a los pueblos wixárika en Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango; a la Sierra Tarahumara en Chihuahua, que abarca a los pueblos rarámuri, ódami, oichkama y warijó, así como a los pueblos yoreme mayo y yaqui en Sonora; chichimeca otomí en Guanajuato y Querétaro; chinanteco y mazateco en Veracruz; p’urhépecha en Michoacán; comuidades de la Montaña de Guerrero, y pueblos yumano y cochimí en Baja California.
La Sedatu destacó que, como resultado de este trabajo interinstitucional, cinco comunidades obtuvieron el reconocimiento de su territorio ancestral después de décadas de despojo. Para continuar con la atención, la dependencia desarrolla procesos de análisis y conciliación para avanzar en la restitución de tierras a la comunidad Mala Noche, del pueblo ralámuli, y a la etnia yaqui mediante la enajenación gratuita y colectiva de terrenos nacionales.
Asimismo, en 2026 se prevé continuar la restitución de superficie a la comunidad San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan, del pueblo wixárika, así como a la comunidad Cruz del Palmar, en el contexto del Plan de Justicia Chichimeca.
Con estas acciones se avanza en el resarcimiento, restitución y titulación de territorios, lo que permitirá que las comunidades ejerzan su derecho al aprovechamiento, cuidado y administración de sus tierras de acuerdo con sus sistemas normativos, según la dependencia.
