Seguridad, entre el discurso y la realidad

Julian Santiesteban

Mientras que en Palacio Nacional, durante la conferencia matutina de este jueves, del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se anunciaba la desarticulación de una célula delictiva responsable de secuestros y asesinatos en Quintana Roo, medios locales destacaban las declaraciones de dos cámaras empresariales del norte y sur estatal, en las que recalcan que las extorsiones y el llamado “cobro de derecho de piso” es una problemática no sólo vigente, sino acentuada en los últimos años. Vaya contraste.

Los trabajos de seguridad en la actual administración han sido, a ojos vista, insuficientes, pero también inadecuados, partiendo de la selección misma de quienes estuvieron –o están- al frente de las corporaciones responsables, ahí el caso de Alberto Capella Ibarra, cuyos expedientes en contra han sido recientemente reabiertos en el Estado de Morelos, según informaron medios de aquella entidad la semana pasada; o del fiscal Óscar Montes de Oca Rosales, señalado con “comandar” un grupo dedicado lo mismo a tareas en la instancia que encabeza, que a delinquir, por ejemplo, despojando de casas y terrenos de alta plusvalía en Quintana Roo. Motivo por cierto, por el que ha sido denunciado, aunque nada ha ocurrido.

Lo mismo se instrumentó el llamado “mando único” policial, que se han ratificado “convenios de colaboración”, entre las corporaciones estatal y municipales, pero nada parece atenuar la oleada criminal desatada desde hace algunos años, no sólo en temas de delitos federales, sino del orden común como el robo a casa habitación o a comercios; sin dejar de lado, por cierto, los delitos cometidos en contra de mujeres, pues de acuerdo con el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres, Quintana Roo ocupa el primer lugar nacional en el tema, con una tasa de violencia de dos mil 697 agresiones por cada cien mil habitantes, esto es 9 veces más que la media nacional, que es de 257. Esa sola cifra explica todo.

Ahora bien, estadísticamente, es claro que las tasas sobre cien mil habitantes coloca en “desventaja” por lo menos numérica a la entidad, al ser de las que menos población tiene en el país; sin embargo, la situación no es disculpable cuando existen organismos empresariales como la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), cuyo presidente en Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Bezaleel Pacheco Mendoza, ha dicho que las extorsiones continúan; misma denuncia que lanzó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el sur de la entidad, pues su dirigente, Raúl Villanueva Argüelles, asegura que los casos van en incremento. Ambos dirigentes señalaron que han tenido reuniones con las instancias responsables de la seguridad, pero también los dos recalcaron que el delito es una realidad que siguen padeciendo los empresarios locales.

Sirva la coyuntura para expresar, por cierto, que en menos de dos semanas, en Quintana Roo iniciarán las campañas electorales con miras a renovar la gubernatura el próximo 05 de junio. A partir de entonces, los ciudadanos escucharán promesas de mejores realidades, excusas con respecto a lo mucho que se ha dejado de hacer e interpretación estadística “a modo” para aparentar que sí se tuvieron logros en materia de inseguridad, cuando lo más tangible es que, si algún logro ha habido, es que se ha acentuado más.

Para infortunio de los quintanarroenses, todos y todas las candidatos y candidatas que contienden por la gubernatura, han tenido la oportunidad, directa o indirecta, de mejorar el entorno de seguridad en favor de los habitantes de esta entidad, sea como legislador –local o nacional- o como funcionario estatal o alcalde de algún municipio, aunque poco ha sido el cambio. ¿Alguno de ellos puede anteponer sus propios resultados ante los ciudadanos, para pedirles el voto, sin mentirles? Por ahora, además de desear que la realidad cambie, para beneficio de los quintanarroenses, los electores están en posibilidad de demandar que, por lo menos, ninguno –ni uno solo- de los actuales funcionarios estatales, sea “heredado” a la siguiente administración, pues la seguridad es el primero de los pendientes, pero no el único, ya hablaremos de los demás.

Pd. Y si alguno “repite”, ya estaremos señalando también, en su momento, el pasado que arrastra…

COMENTARIO MORBOSO 

Acaso la excepción de los municipios de Quintana Roo y luego del cambio en los gobierno municipales, en septiembre de 2021, ha sido sin duda Tulum, en donde, desde inicios de este 2022 y con la designación de Óscar Aparicio Avendaño, los indicadores en materia de seguridad están cambiando positivamente.

Probablemente el comentario irrite “pieles sensibles”, pero si algo ha contribuido a la mejora en Tulum, además de la férrea voluntad de Marciano Dzul Caamal, presidente municipal, por mantener las facultades que al municipio corresponden en materia de seguridad –pues vaya que se intentó imponer de nuevo el mando único-, ha sido que el recién nombrado titular en la materia ha mantenido la colaboración en ese nivel solamente, no en “entreguismo” a la voluntad de los “Capellaliebers”, cuestión que le ha merecido más de una “campañita” en contra, pero aun así, los resultados positivos se han mantenido.

Ciertamente, el reforzamiento de la presencia de corporaciones federales ha sido fundamental, lo que por cierto, ratifica el interés por Tulum del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ese municipio es clave para dos de sus proyectos emblemáticos: El Tren Maya y el Aeropuerto Internacional de Tulum, así que la fórmula exitosa, sin duda, ha sido la presencia federal, exigir el respeto a las facultades municipales y, junto con el nombramiento de Óscar Aparicio, mantener lo más lejos posible de la acción policial municipal a los “Capella” y sus “secuaces.” Duro, probablemente, pero claro y cierto; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.