DIANA ALVARADO 17 DE FEBRERO.-El Gobierno Federal ha dado un paso decisivo en la consolidación del Tren Maya mediante la expropiación de terrenos ejidales en tres localidades clave: Escárcega, Felipe Carrillo Puerto y Valladolid. Estas acciones, respaldadas por decretos presidenciales, buscan asegurar el derecho de vía necesario para la construcción de esta infraestructura ferroviaria.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido la encargada de emitir los decretos, fundamentados en la Ley Agraria, que permiten la ocupación de estas superficies por utilidad pública.
Las superficies expropiadas se distribuyen estratégicamente para consolidar los tramos 1, 6 y 4 del Tren Maya. En Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, se han destinado 1.73.76 hectáreas al Tramo 6 “Tulum-Chetumal”.
En Escárcega, Campeche, se han expropiado 1.30.57 hectáreas en el ejido “División del Norte” para el Tramo 1 “Palenque-Escárcega”.
Finalmente, en Valladolid, Yucatán, se han ocupado 0.06.14 hectáreas en el ejido “Tikuch” para el Tramo 4 “Izamal-Cancún”.
El proyecto Tren Maya tiene como objetivo principal satisfacer el interés colectivo al impulsar el desarrollo socioeconómico de la región sur-sureste de México. Se espera que esta infraestructura reduzca la pobreza y mejore la movilidad en zonas de menor crecimiento.
Además, el tren funcionará como un corredor humanitario, facilitando el flujo de apoyos alimentarios y médicos hacia comunidades indígenas y afromexicanas, lo que subraya su importancia social y económica.
El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) ha emitido dictámenes para determinar el monto de las indemnizaciones que la empresa Tren Maya, S.A. de C.V. deberá cubrir.
En el caso de Felipe Carrillo Puerto, el monto asciende a 1.57 millones de pesos, mientras que para el ejido de Escárcega se determinó una compensación de 766,392 pesos. Estos pagos son esenciales para que los bienes expropiados puedan ser ocupados definitivamente.
Las expropiaciones han generado diversas reacciones en las comunidades locales. Mientras algunos ejidatarios ven en el Tren Maya una oportunidad para el desarrollo y la modernización, otros expresan preocupaciones por la pérdida de tierras y el impacto ambiental.
El Gobierno ha enfatizado que las expropiaciones son necesarias para el bien común y que se respetarán los derechos de los ejidatarios mediante el pago de indemnizaciones justas.
El Tren Maya es visto como un catalizador para el desarrollo socioeconómico de la región, ya que se prevé que mejore la conectividad, facilite el transporte de carga y pasajeros, genere empleos y atraiga inversiones para las comunidades del sur-sureste del país.
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