Ciudad de México. Por mayoría de votos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó otra vez la aprobación de lineamientos para fiscalizar los procesos internos partidistas, identificados de manera coloquial como “pre-precampañas”. El tema desató en el consejo no solo la típica confrontación entre representantes partidistas, sino también de estos en contra de la dirección del INE, por presuntas omisiones y parcialidad; las pugnas escalaron también entre los propios consejeros.
En este nuevo intento, el tercero en su tipo, los consejeros Arturo Castillo, Martín Faz y Carla Humphrey presentaron una propuesta de lineamientos para regular y fiscalizar los procesos políticos, con el fin de garantizar la equidad del proceso electoral en marcha.
“Espero que hoy, por el bien de la democracia, este consejo por fin se decida a mirar el partido que comenzó hace meses y se disponga a arbitrarlo, aunque sea durante los pocos meses que quedan desde hoy hasta el inicio de las precampañas. Le conviene a este Instituto, a los partidos y, sobre todo, al país”, señaló Castillo, quien luego rechazó que el objetivo de este plan sea con afanes de apoyar a un partido político o ganar popularidad.
Los lineamientos no fueron admitidos por Guadalupe Taddei (presidenta), Jorge Montaño, Norma de la Cruz, Uuc-kib Espadas, Frida Gómez Puga, Blanca Cruz y Arturo Chávez. A favor votaron los consejeros autores de la propuesta, así como Rita Bell López.
De la Cruz dijo que el documento de sus colegas estaba “plagado de contradicciones”, al pretender, por ejemplo, regular actos ya incluidos en el mecanismo del procedimiento especial sancionador.
Señaló que el tema requiere de un mayor análisis, pero sobre todo insistió en que el plan pretende ir más allá de las facultades de fiscalización del INE, por ejemplo, en la revisión de propaganda, redes sociales y de la participación de personas servidoras públicas.
Por el contrario, Castillo —quien ha insistido en el tema desde marzo y presentó una primera propuesta hace cuatro meses— advirtió que es necesario generar reglas para proteger la equidad del proceso 2026-2027, mismo que inició formalmente el pasado 10 de septiembre, de ahí que los sucesos actuales en los partidos podrían ser calificados como actos anticipados.
Al igual que Humphrey y Faz, señaló que a menos de tres meses del arranque legal de las precampañas, los políticos continúan con recorridos territoriales, eventos, encuestas, traslados, propaganda y difusión en medios digitales, todas ellas actividades susceptibles de fiscalización.
No obstante, dijo, “esta autoridad no ha tomado medida alguna para fiscalizar oportunamente estas actividades y proteger la equidad”.
Aclaró que su propuesta no significa afirmar que los gastos de los partidos sean ilegales ni que los procesos sean por sí mismos actos anticipados: “lo que sostengo es que debemos contar con mecanismos para conocer su origen, monto, destino y aplicación, y determinar oportunamente si se ajustan a la normativa electoral”.
Y es que, recalcó, los gastos realizados en estos días serán fiscalizados como parte de la contabilidad ordinaria de los partidos, cuyas conclusiones serán conocidas hasta el segundo semestre de 2027, es decir, una vez concluido el proceso electoral, cuando ya será imposible tomarlos en cuenta para el tope de gastos de precampaña o campaña, lo cual significará, en caso de irregularidad, un daño irreparable a la equidad.
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