Tala de manglar, cerca de cumplir dos meses de impunidad en Playa Paraíso

DIANA ALVARADO 08 DE JULIO 2025.— La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha caído en una cómplice omisión, al negarse a acudir a inspeccionar un predio cerca de Playa Paraíso, donde un desarrollador tala manglar desde finales de mayo, hecho que desde esa fecha fue denunciado formalmente ante sus oficinas.
Se trata del proyecto Paradise Residence, edificado en el “Rancho El Gallero Veracruz”, ubicado en la calle Paseo Tulum con Xaman-Ha, a corta distancia del hotel Iberostar. Vecinos de la zona revelaron en redes sociales que trabajadores habían comenzado a talar mangle, ante lo cual la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) interpuso una denuncia ante la Profepa.
Irma Morales Cruz, abogada del equipo legal de DMAS, explicó que a pesar de que esta denuncia fue admitida una semana después, hasta la fecha, ningún inspector ha acudido a este predio a constatar este ecocidio, lo que se constata por la ausencia de un acta de inspección en la delegación de Cancún, además de la falta de sellos de clausura.
En total son 4.4 hectáreas de humedales y selva que peligran, sin que la autoridad reaccione, situación preocupante porque además hay cenotes en el área que podrían ser tapados o destruidos.
Al investigar en la gaceta ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, estos activistas descubrieron que la empresa responsable sí ingresó una manifestación de impacto ambiental y una solicitud de cambio de uso de suelo forestal, después de iniciar su tala de mangle. Sin embargo, el desarrollador extrañamente desistió de este trámite, pese a seguir la construcción en el lugar.
Como suele ocurrir, criticó la abogada, la empresa presuntamente cuenta con una licencia de construcción y cambio de uso de suelo por parte del Ayuntamiento de Playa del Carmen, situación que es contraria a la ley, ya que el Reglamento de Construcción indica que uno de los requisitos para obtener estas autorizaciones es tener una manifestación de impacto ambiental aprobada por el gobierno federal o estatal, según corresponda.
“Es común (en Quintana Roo) que primero obtienen los trámites municipales y, si les cae la Profepa, entonces solicitan la MIA, pero esto es contrario a derecho y a la legislación ambiental”, aseveró la experta.
Existen muchos desarrollos en la región que “surgen de la nada” y pocos inspectores de la Profepa, lamentó, lo que significa que incluso si acuden y clausuran, no hay un debido seguimiento y es fácil para los desarrolladores continuar pese a los sellos, hasta terminar la obra.
Así ocurría en la Bahía Solimán de Tulum, en donde se debió obtener un fallo de un juez para obligar a la Profepa a detener una construcción que ellos ya habían clausurado, pero que continuaba, en violación a los sellos impuestos.
“Vemos que la Profepa está más activa y clausura desarrollos, pero el seguimiento a estas clausuras es deficiente”, comentó.