El Minotauro
Nicolás Durán de la Sierra
En algunas semanas, el gobierno del Estado remitirá al congreso una iniciativa de ley que pretende, de una vez por todas, disciplinar a los belicosos sindicatos taxistas de Quintana Roo. Se intenta sancionar a los choferes y a los patrones que incurran en actos de violencia en su desempeño; a unos con el retiro de sus licencias, y a los otros con la suspensión de sus concesiones.
El proyecto legal busca facultar al Instituto de Movilidad para, con estas sanciones, evitar sigan las agresiones de algunos taxistas contra otros choferes, en especial los de aplicaciones electrónicas como Uber, así como contra las vías de comunicación siendo, como son, concesiones estatales. Es la primera vez en que se va tanto contra el conductor, como contra al permisionario.
Esta iniciativa dada a conocer por la secretaria Cristina Torres, es digna de cita por su obvia utilidad pública y porque, en estos tiempos violentos, abona y mucho a la paz social. Salvo en el gobierno de Mario Villanueva, el trato del resto de gobernadores fue casi servil con los sindicatos de taxistas, tanto por interés político- eran aliados del PRI- como por meros intereses económicos.
La llegada al poder de Mara Lezama bajo el emblema de Morena, marcó un declive político para el sindicato de Taxistas de Cancún, el que quiso en los últimos meses quiso medir fuerzas con el gobierno estatal por medio de agresiones y cierres viales con la excusa de la operación de Uber, aunque el sindicato dispone de su plataforma electrónica propia. Uber escondía la provocación.
Con tacto político, Mara Lezama enfrenta a una violenta agrupación que, bajo el rubro del Sindicato de Taxistas de Cancún, cobija un consorcio empresarial que incluye transporte turístico, arrendadoras, gasolineras, grúas y refaccionarias al grado de que la Unidad de Inteligencia Financiera los tiene bajo lupa. Esto por no hablar de los rumores que lo ligan con la delincuencia organizada.
Esta iniciativa debe ser el primer paso para asear, para meter al orden a una agrupación mal llamada sindicato que aún se siente intocable. Sancionar al grupo taxista promotor de la violencia, el que de seguro tiene amplio expediente judicial, no tan sólo es una garantía de paz social, es un acto civilizatorio.
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