DIANA ALVARADO 02 DE SEPTIEMBRE 2025.— El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) sancionará a jueces y magistrados que se corrompan o retrasen la impartición de justicia “no se debe tolerar que haya conductas inadecuadas o indolentes (…) no es admisible la impunidad de los malos juzgadores, es inaceptable el retardo de la resolución de los asuntos sometidos al conocimiento de la judicatura”, afirmó la magistrada Celia Maya García, presidenta de este organismo creado como parte de la reforma al Poder Judicial e integrado por los ganadores de la elección extraordinaria de junio pasado.
Durante una ceremonia realizada en la sede de lo que fue el ahora extinto Consejo de la Judicatura Federal, y en presencia de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, e integrantes del Congreso de la Unión, el magistrado Bernardo Bátiz Vázquez, también miembro del TDJ, señaló: los integrantes de este organismo “no vamos a hacer la inquisición ni perseguidores de amigos o de enemigos”.
En su discurso como presidenta del TDJ, Maya García refirió que “no se debe tolerar que haya conductas inadecuadas o indolentes en la administración de justicia no es admisible la impunidad de los malos juzgadores. Es inaceptable el retardo de la resolución de los asuntos sometidos al conocimiento de la judicatura”.
Expuso que la actual reforma judicial ha erigido al TDJ como un órgano que cuenta con atribuciones “para sancionar a los malos juzgadores y su creación es una medida vigorosa para combatir la corrupción en lo interno del Poder Judicial”.
Sostuvo el TDJ procederá en los casos de desviación de la función judicial, y que con la reforma judicial “los jueces y magistrados que conforman la mayoría de los cargos judiciales, no resultan afectados de modo alguno” y que todos los juzgadores mantendrán “la libertad, autonomía e independencia en su valoración racional del derecho en la resolución de las causas que sean de su conocimiento, porque para nada se han modificado los criterios ni los valores de la jurisdicción”.
Por ello, agregó, “cuando se haya de proceder con una causa justificada (contra jueces o magistrados que incurran en actos de corrupción, nepotismo retardo en la impartición de justicia), siempre se actuará bajo los estándares legales y convencionales del debido proceso y del respeto a los derechos humanos”, pues aseguró que el compromiso es “contribuir a la recuperación de la confianza de la ciudadanía en los órganos encargados de impartir justicia”.
En tanto, Bátiz Vázquez, expuso que en el pasado PJF “se había creado una especie de aristocracia judicial, un gremio muy unido, capaz, educado, estudioso, pero que no tenía reglas precisas en materia de aplicaciones estricta del derecho y eso se ha terminado con la reforma judicial, que fue una verdadera revolución”.
Resaltó que en esta nueva etapa del PJF los integrantes del TDJ van a cumplir “con estricta con estricto apego a la ley, con seriedad, con energía y con convicción de que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, castigo y sanción al que lo merezca y reconocimiento al que tenga el derecho”.
En su intervención, el magistrado Rufino H. León Tovar, expuso que desde este órgano colegiado se velará “por una justicia más democrática, que sin distinción de género, condición física, económica o social, credo, orientación sexual u origen étnico, se aplique de manera imparcial, pronta, expedita y gratuita.
“Queremos justicia para todos pero principalmente para las personas que menos oportunidades tienen queremos respeto a los derechos humanos y aplicaciones de la ley por encima de privilegios. Daremos cárcel a los jueces corruptos y sanciones severas a quienes retarden o resuelvan injustamente los casos.
“Desterremos de una vez por todas la idea de que en México solo tienen acceso a justicia y quienes tienen poder o dinero llegó el momento de pagar a los mexicanos una deuda histórica de justicia porque donde no hay justicia tampoco hay libertad”.
Refirió que se creará un sistema de control y supervisión integral que incida en todas las instancias del PJF; también se establecerán mecanismos de capacitación y la aplicación de programas preventivos de conductas irregulares, y para aquellos casos en los que se presuma un caso de corrupción o falta de ética se dará “certeza y celeridad en la investigación, sustanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidad, con apego a la legalidad, garantizando que los servidores públicos sujetos al régimen disciplinario, tengan claro el alcance de los procedimientos y conozcan los derechos y garantías que constitucional y legalmente les corresponden”.
Verónica De Gyvés Zárate, indicó que el nuevo TDJ “revisará entre otras cosas que los procesos sean ágiles, que se investigue donde haya duda de honestidad, que se trabaje con conocimiento de los asuntos entre otras cosas, pero sobre todo que resuelvan con justicia”.
Mencionó: “tenemos que hacer las revisiones que sean necesarias para quitar la impresión que tiene la sociedad respecto del PJF”, y para cambiar esa imagen, dijo, “este tribunal perseguirá a las personas servidoras públicas que no comulguen con la reforma, es un tribunal que vigilará las conductas que se aparten de la ley”.
