Nicolás Durán de la Sierra
Pasados ya los festejos propios de su aniversario décimo quinto, sosegada la enjundia de los discursos políticos y sus parabienes, la realidad de Tulum cobra vigencia: la violencia del narcotráfico va a la alza en sus calles, con más de 40 muertos sólo desde el arribo de su nuevo edil Diego Castañón y sufre de un gigantismo urbano que va muy por arriba de sus posibilidades de servicio público.
Cierto es que del impacto del crimen organizado no hay ciudad del Estado que se salve y que su corrosión le ha sido heredada al nuevo gobierno, pero es preocupante el que Tulum tenga cúspides que lo ubican entre las diez alcaldías más violentas del país, según el Observatorio Nacional Ciudadano, y donde las carpetas judiciales en la materia han aumentado un 122% en el último año.
La economía de Tulum es, en proporción a su tamaño, la que tiene mayor auge en el Estado y es por ello que, para su desgracia, es atractiva para la delincuencia de todo tipo, incluida, desde luego, la inmobiliaria, la que a menudo se ha mezclado y mezcla con el poder político, con quienes orquestan el desarrollo urbano, así como con notarios públicos y otras autoridades.
El alcalde Diego Castañón, enfrenta una severa crisis en el desarrollo urbano de Tulum, crisis que no podrá ser reducida si no se limita el tamaño de la ciudad. Para la federal Secretaria de Desarrollo, la SEDATU, la alcaldía es una de las cinco de más crecimiento del país e indica que tal es por el desarrollo incontrolable de edificación de casas y el consustancial aumento de habitantes”.
Si la inversión salvaje supera aún más al ordenamiento de la ciudad, los problemas de equipamiento se verán multiplicados, lo que debería ser una obviedad, y ello corroerá aún más su tejido social. A quince años de su fundación, Tulum está a tiempo de rectificar el camino. Ya comienzan a faltar servicios básicos no sólo en la periferia, sino también en el centro urbano.
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