“El almacenamiento, transporte y comercialización de gas L.P. debe realizarse con los más altos estándares de seguridad, a efecto de prevenir lamentables accidentes que pongan en riesgo la integridad física de las personas”, afirmó la Regidora Danna Ramírez, quien agregó:
“Me congratulo que el Cabildo municipal de Playa del Carmen haya aprobado la solicitud para que la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, realice la verificación técnica a plantas, gaseras y vehículos de transporte de gas L.P., por el riesgo que representan al comercializarlo en nuestra demarcación territorial”.
Explicó que en los últimos meses se ha observado a nivel nacional y estatal, un aumento preocupante de incidentes vinculados a fugas y flamazos de gas L.P., con episodios que han provocado lesiones y daños materiales en viviendas y obras en construcción, lo que evidencia un riesgo real, que pudiera ser de lamentables consecuencias, por lo cual deben adoptarse urgentemente medidas preventivas.
Dijo que “la cadena de suministro de gas L.P., desde las plantas y centros de distribución hasta las pequeñas gaseras y las unidades de reparto, implican riesgos técnicos y operativos que están regulados en normas oficiales, siendo que estas disposiciones establecen requisitos puntuales para la fabricación, mantenimiento, transporte y operación de recipientes, autotanques y equipos asociados, por lo que su cumplimiento es estricto para garantizar la seguridad de la población”.
“De ahí la solicitud para que la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos del Ayuntamiento de Playa del Carmen, realice inspecciones y operativos de verificación, dirigidos a detectar irregularidades, corregir condiciones de riesgo y reducir la probabilidad de incidentes”, enfatizó.
Expresó que dichos operativos deben realizarse conjuntamente con las instancias de gobierno competentes e involucradas en el rubro, para coordinar esfuerzos y asegurar una respuesta integral y efectiva, por lo cual deben implementar con carácter de urgente, un programa sistemático de operativos de verificación dirigidos a plantas y centros de distribución, establecimientos que expenden cilindros (gaseras) y vehículos/autotanques que transportan gas L.P.
Detalló que dichos operativos deben enfocarse en la revisión técnica de equipos, la comprobación documental, la capacitación del personal y la detección de unidades no autorizadas.
Indicó que los operativos deben incluir la validación de permisos y autorizaciones; la inspección del estado estructural de autotanques y unidades de reparto (válvulas, dispositivos de alivio, pruebas de hermeticidad, señalización y sistemas de protección); la verificación de la integridad y trazabilidad de cilindros portátiles; la evaluación de las condiciones de almacenamiento en gaseras; y la comprobación de bitácoras de mantenimiento y formación del personal de reparto; entre otras medidas.
“Solicitamos además que cada operativo concluya con un informe que documente los hallazgos y acciones correctivas, la emisión de órdenes de corrección con plazos claros, el seguimiento mediante segundas verificaciones y, en su caso, la remisión a las autoridades competentes para la imposición de sanciones o la denuncia cuando existan riesgos graves o indicios de conductas delictivas”, subrayó
“Se requirió la elaboración de los protocolos respectivos, así como campañas informativas dirigidas a la ciudadanía y a los comercios para difundir medidas de prevención y canales de reporte o denuncias ciudadanas”, destacó.
Finalmente, sostuvo que “es necesario garantizar el derecho humano a la integridad física de las personas con este tipo de acciones, agradeciendo el acompañamiento de Javier Renan Santos Morales y Uri Carmona Islas, homólogos Regidores e integrantes de la Comisión de Derechos Humanos que me honro presidir.”
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