DIANA ALVARADO | 18 DE JUNIO DE 2026.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la puerta a revisar la constitucionalidad de la prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido en México, al atraer un amparo promovido por una tanatóloga diagnosticada en dos ocasiones con cáncer de mama que busca que se reconozca su derecho a decidir sobre el final de su vida.
Con una votación de ocho ministros a favor y uno en contra, el máximo tribunal decidió reasumir su competencia para resolver el amparo en revisión 147/2026. La promovente impugna disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal de la Ciudad de México que actualmente prohíben la eutanasia y el suicidio asistido.
El tema de fondo que analizará la Corte consiste en determinar si es constitucional que la legislación mexicana establezca la denominada “muerte natural” como única alternativa legal para pacientes que enfrentan enfermedades graves o terminales, o si dicha prohibición vulnera derechos como la autonomía personal, la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad.
Durante la discusión, el ministro Giovanni Figueroa Mejía señaló que el caso representa una oportunidad para que la Suprema Corte establezca un criterio novedoso sobre la eutanasia y otros procedimientos de muerte asistida. Por su parte, la ministra Loretta Ortiz destacó la relevancia jurídica, ética y sanitaria del asunto, debido a las implicaciones que podría tener en temas como consentimiento informado, cuidados paliativos, libertad de conciencia médica y protección de personas en situación de vulnerabilidad.
La Corte también deberá resolver si la demandante cuenta con interés legítimo para impugnar las normas cuestionadas y si éstas afectan de manera directa sus derechos fundamentales. Una vez atraído el caso, será turnado a uno de los ministros para la elaboración de un proyecto de sentencia que posteriormente será discutido por el Pleno.
La decisión no implica la legalización inmediata de la eutanasia o del suicidio asistido en México; sin embargo, marca el inicio de uno de los debates jurídicos y sociales más relevantes de los últimos años, al poner sobre la mesa temas relacionados con la muerte digna, la autonomía de los pacientes y los límites de la intervención del Estado en decisiones sobre el final de la vida.







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