DIANA ALVARADO 18 DE MARZO.-El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa de reforma para prohibir llamadas publicitarias de bancos y empresas a los clientes sin su consentimiento expreso, con el objetivo de proteger la privacidad de los usuarios.
La propuesta plantea modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para impedir que proveedores o empresas de mercadotecnia contacten a las personas con fines comerciales sin autorización previa.
En la exposición de motivos se señala que en México los usuarios de telefonía reciben en promedio 24 llamadas no solicitadas al mes, muchas de ellas relacionadas con publicidad, ofertas de servicios financieros o intentos de fraude.
El documento también advierte que 54 por ciento de las llamadas provenientes de números desconocidos corresponden a spam, principalmente con fines publicitarios o mercadotécnicos.
De acuerdo con el legislador, esta situación no solo genera molestias entre los usuarios, sino que también afecta la privacidad y aumenta el riesgo de fraude o uso indebido de datos personales.
La iniciativa señala que México ocupa el tercer lugar en América en volumen de llamadas spam, sólo por debajo de Brasil y Chile, aunque en el país el porcentaje de llamadas publicitarias es especialmente alto.
Aunque actualmente existen mecanismos como el Registro Público para Evitar Publicidad, la propuesta considera que estos instrumentos han resultado insuficientes para frenar las comunicaciones comerciales no deseadas.
Por ello, el proyecto establece que el uso de datos personales con fines mercadotécnicos o publicitarios requerirá un consentimiento previo, libre, informado, expreso y verificable por parte del consumidor.
Asimismo, se busca prohibir que las empresas utilicen, compartan o transfieran datos personales para publicidad sin autorización, salvo en casos de mandato judicial o disposiciones legales específicas.
La iniciativa también obligaría a bancos y empresas a contar con mecanismos para que los usuarios puedan bloquear, cancelar o revocar la autorización para recibir llamadas o mensajes comerciales, con el fin de garantizar un mayor control sobre su información personal.
