DIANA ALVARADO | 24 DE JULIO DE 2026.-El expresidente Vicente Fox Quesada y un grupo de exgobernadores emanados del Partido Acción Nacional (PAN) manifestaron públicamente su respaldo al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, luego de que fuera vinculado a proceso por presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y operaciones relacionadas con el llamado huachicol ferroviario. Los exmandatarios afirmaron que el proceso judicial responde a una “persecución política” impulsada desde el Gobierno federal y calificaron a Ruffo como un “preso político”.
En un pronunciamiento conjunto, los exgobernadores panistas señalaron que Ernesto Ruffo ha sido una figura clave en la transición democrática del país al convertirse en 1989 en el primer gobernador de oposición en derrotar al PRI en una elección estatal. Sostuvieron que las acusaciones en su contra carecen de sustento suficiente y exigieron que el proceso judicial se conduzca con estricto apego al debido proceso, sin presiones de carácter político.
Vicente Fox aseguró que el caso representa un intento por utilizar las instituciones de procuración de justicia para perseguir a adversarios políticos y desviar la atención de otros asuntos nacionales. En el mismo sentido, los exgobernadores panistas expresaron su preocupación por lo que consideran un uso faccioso de las instituciones encargadas de impartir justicia y advirtieron que este tipo de actuaciones pueden debilitar el Estado de derecho.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que Ernesto Ruffo Appel y otros siete imputados participaron presuntamente en una red dedicada al contrabando de combustibles mediante operaciones ferroviarias y aduanales irregulares. De acuerdo con la investigación, la organización habría introducido combustible al país mediante declaraciones falsas para evadir impuestos, ocasionando un presunto daño millonario al erario federal.
Tras una audiencia que se prolongó durante más de 30 horas, una jueza federal determinó vincular a proceso al exgobernador y a varios de los coacusados, imponiendo prisión preventiva a algunos de ellos mientras continúa la investigación complementaria. La defensa de Ruffo ha rechazado las imputaciones y sostiene que el exmandatario únicamente participaba como accionista de una empresa relacionada con servicios aduanales, por lo que niega haber intervenido en actividades ilícitas.
El caso ha generado un amplio debate político entre oficialismo y oposición. Mientras dirigentes y exfuncionarios del PAN insisten en que se trata de una persecución con motivaciones políticas, las autoridades federales sostienen que la investigación responde exclusivamente a elementos recabados durante más de un año y que será el Poder Judicial quien determine, con base en las pruebas presentadas por las partes, la responsabilidad penal de los acusados.
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