DIANA ALVARADO | 12 DE JULIO DE 2026.-Un juez de control vinculó a proceso a Alejandro Mario Álvarez Puga, hermano del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la exconductora Inés Gómez Mont, por su probable responsabilidad en el delito de defraudación fiscal por un monto de 4 millones 618 mil 798 pesos. Como medida cautelar, el juzgador le impuso prisión preventiva y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba suficientes para que el juez determinara la vinculación a proceso. La investigación señala que el imputado presuntamente omitió el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal 2016, causando un perjuicio al fisco federal.
Alejandro Mario Álvarez Puga fue detenido el pasado 10 de julio en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, durante un operativo realizado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, en coordinación con la Secretaría de Marina, en cumplimiento de una orden de aprehensión. Posteriormente fue trasladado a la Ciudad de México para ser presentado ante la autoridad judicial.
La FGR aclaró que este procedimiento penal no guarda relación con las investigaciones que enfrentan su hermano, Víctor Manuel Álvarez Puga, y la exconductora Inés Gómez Mont, quienes son requeridos por la justicia mexicana por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de enfrentar un proceso de extradición desde Estados Unidos.
De acuerdo con las autoridades, el único delito atribuido a Alejandro Mario Álvarez Puga en este expediente corresponde a la presunta defraudación fiscal derivada de la omisión en el pago del ISR, por lo que las investigaciones continuarán exclusivamente sobre ese caso durante los próximos cuatro meses.
Con la resolución judicial, el proceso penal entra en su etapa de investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía y la defensa podrán reunir nuevos elementos antes de que se determine si el caso avanza a juicio. Mientras tanto, el imputado permanecerá en prisión preventiva conforme a lo ordenado por el juez federal.
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