DIANA ALVARADO | 28 DE JULIO DE 2026.-La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, pese al reciente fallo del Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), la empresa estadounidense Vulcan Materials Company aún está obligada a resarcir el daño ambiental ocasionado por las actividades de extracción de piedra caliza de su filial Calizas Industriales del Carmen (Calica) en Quintana Roo. La mandataria sostuvo que la indemnización determinada por el tribunal representa una cantidad muy inferior a la que originalmente reclamaba la empresa y reiteró que el Gobierno de México mantendrá la defensa del patrimonio ambiental del país.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que Vulcan había solicitado una compensación cercana a mil 700 millones de dólares, mientras que el laudo arbitral fijó una indemnización considerablemente menor. Destacó que el tribunal desestimó la mayor parte de las reclamaciones de la empresa y señaló que el resultado representa un avance favorable para México dentro de una controversia iniciada bajo el marco del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La Presidenta subrayó que, independientemente del monto de la compensación, la empresa deberá llevar a cabo un proceso de remediación ambiental en los terrenos donde operó la mina. Indicó que el Gobierno federal mantiene diálogo con Vulcan para definir la manera en que se cumplirá esta obligación, ya que la clausura de las actividades extractivas no exime a la compañía de reparar las afectaciones ocasionadas al ecosistema de la zona.
Sheinbaum también informó que, debido a las reglas del procedimiento arbitral, existe un periodo de 30 días de confidencialidad, durante el cual ninguna de las partes puede divulgar detalles completos de la resolución. Explicó que tanto el Gobierno mexicano como la empresa cuentan con la posibilidad de solicitar la nulidad del laudo dentro de ese plazo, por lo que la Secretaría de Economía analiza cuidadosamente el contenido del fallo antes de definir los siguientes pasos legales.
La mandataria recordó que el litigio deriva de medidas adoptadas desde 2018, cuando autoridades ambientales ordenaron la clausura de un predio operado por Calica debido a presuntas violaciones a la normativa ambiental. Posteriormente, durante la administración federal anterior, la zona fue declarada Área Natural Protegida, con el propósito de preservar la selva, los cenotes y los sistemas de ríos subterráneos del Caribe mexicano, una decisión que generó la controversia internacional con la empresa estadounidense.
Finalmente, Sheinbaum reiteró que el diálogo con Vulcan continuará, pero dejó claro que la prioridad del Gobierno federal seguirá siendo la protección del medio ambiente y de las comunidades de Quintana Roo. Señaló que la resolución del CIADI coloca a México en una posición distinta para continuar las conversaciones con la empresa, sin renunciar a la exigencia de que se reparen los daños ecológicos ocasionados por décadas de explotación minera en la región.
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