DIANA ALVARADO | 28 DE JULIO DE 2026.-México obtuvo un fallo mayoritariamente favorable en el arbitraje internacional promovido por Vulcan Materials Company, empresa matriz de Calizas Industriales del Carmen (Calica), luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) desestimó casi todas las reclamaciones presentadas por la compañía estadounidense tras el cierre de sus operaciones de extracción de piedra caliza en Quintana Roo. La resolución representa un revés para la empresa, que buscaba una indemnización multimillonaria por las medidas adoptadas por el Gobierno mexicano.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, el tribunal arbitral únicamente dio la razón a la empresa en una reclamación relacionada con la clausura de uno de sus predios ocurrida en enero de 2018, una medida que representa menos del uno por ciento del monto originalmente reclamado. El resto de las demandas fue rechazado, por lo que el Gobierno federal consideró que el fallo confirma la legalidad de la mayor parte de las acciones emprendidas para proteger el medio ambiente en la zona de Playa del Carmen.
La controversia se originó porque Vulcan argumentó que, entre 2018 y 2022, distintas decisiones de autoridades federales y estatales afectaron sus inversiones y la operación de su complejo minero en Quintana Roo. La empresa sostuvo que el cierre de sus actividades constituía una violación a los compromisos de protección a la inversión extranjera previstos en el entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), bajo cuyo marco fue presentado el arbitraje.
El Gobierno de México reiteró que las medidas adoptadas respondieron a la necesidad de frenar los daños ambientales provocados por décadas de explotación de piedra caliza en la región. Durante los últimos años, las autoridades señalaron que las operaciones de Calica ocasionaron afectaciones a la selva, cenotes y al sistema de ríos subterráneos de la Península de Yucatán, por lo que el área fue posteriormente declarada Área Natural Protegida para impedir la reanudación de las actividades extractivas.
Tras conocerse la resolución, el Gobierno mexicano reafirmó su compromiso con la inversión extranjera que genere desarrollo económico, innovación y empleos, siempre que respete la legislación nacional y la protección del medio ambiente. Asimismo, informó que analizará el contenido íntegro del laudo arbitral para determinar las acciones legales que considere pertinentes dentro de los plazos establecidos por el procedimiento internacional.
Aunque el tribunal reconoció una compensación limitada para la empresa, diversas fuentes estiman que el monto rondaría los 15 millones de dólares, una cifra muy inferior a los más de 1,700 millones de dólares reclamados inicialmente por Vulcan. La resolución representa una victoria jurídica relevante para México en uno de los litigios internacionales más importantes relacionados con la protección ambiental y la inversión extranjera, aunque aún podrían presentarse nuevas acciones legales derivadas de otros hechos ocurridos con posterioridad bajo el marco del T-MEC.
