¿Y después de Aguakán? Entre el Derecho y el negocio

Por Julian Santiesteban

Un rumor creciente comienza a crecer en el ambiente público, ahora que la concesionaria Aguakán dejaría de prestar el servicio de agua potable en el norte de Quintana Roo y es que, a partir del 2026, se crearía una nueva empresa paraestatal que la sustituya. Es decir, el servicio de agua potable seguirá siendo negocio -como ya lo es, actualmente-, pero los ingresos irían enteramente, por lo menos así se ha pensado hasta ahora, al gobierno estatal, tal cual ocurre con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA). La incertidumbre prevalece en si esta instancia también desaparecerá, o habrá en la entidad dos empresas, una para el norte, con potencial económico pujante, y otra para el sur y municipios pobres norteños, cuya acción para dotar del servicio es prácticamente subsidiada.

De acuerdo con versiones que han llegado al escribiente, el tema aun no se armoniza, pero lo claro es que no se entregará de nuevo el servicio a una empresa privada, como  se especuló en medios nacionales y, lo ideal, sugieren, es que los ingresos que se generan en Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, permitan que el suministro de agua y alcantarillado se siga dotando e incrementarlo, pero además que permita subsidiar al resto de la entidad, donde la demanda de los servicios es la misma, pero la tributación por agua y drenaje es menor. Hay incluso quien piensa en una empresa para estatal que tenga responsabilidades más allá de sólo administrar el agua potable, pues también incluiría el mantenimiento de zonas turísticas, como la hotelera de Cancún. Recuérdese que, a finales de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se determinó la extinción del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), por lo que las tareas de mantenimiento de los llamados Centros Integralmente Planeados ahora son de los municipios y las entidades federativas.

Con esta visión, el organismo a crear administraría los ingresos por agua potable y, por lo menos de manera porcentual, el Derecho de Saneamiento Ambiental e impuestos como el de Hospedaje y el de Nómina, siempre en acuerdo con los municipios, pues son estos los recaudadores y principales administradores, por lo menos del primero de estos gravámenes. Pero, insiste el escribiente, desde los tomadores de decisiones, la complicación está por ahora (además de ganar primero el litigio contra Aguakán, obviamente), en la armonización de la administración pública. ¿habrá dos empresas, una que administre la abundancia y otra que gestione la pobreza? ¿se logrará, acaso, construir un ente único que aglutine tareas y armonice el llamado principio de subsidiariedad? Si se afina el instrumento, requerirá de la participación de los tres niveles de gobierno, pero sobre todo, de los trabajos a marchas forzadas para que, en el 2027 que termina la administración de Mara Lezama Espinosa, esté ya funcionando, aunque sea de manera incipiente y  que su puesta en marcha no represente un rezago de los trabajos o un deterioro en la calidad de los mismos, que es a lo que le apuesta la concesionaria, que ha sido señalada de arrancar campañas mediáticas de ataque al gobierno, casi destacando que es mejor ser “el malo conocido…”

Ahora bien, independientemente del esquema que se elija para seguir dotando del servicio de agua potable y alcantarillado y para gestionar los servicios en las zonas turísticas, por ahora, se salva el discurso de anteponer el derecho al negocio y, aunque ciertamente, la administración de los recursos se hará a través de para estatales -también, independientemente de si son dos o una sola-, en estricta teoría, se elimina el concepto de “ganancia”, que es el proporcional que se entrega a la iniciativa privada por “ayudar” al Estado en proporcionar un servicio. La expectativa es que, esas “ganancias” sean reinvertidas y que, en un plazo más corto que largo, la calidad del servicio se eleve en toda la entidad y que de haga efectiva la frase “cuatroteísta” de: “Cuando no se roban los recursos, el dinero alcanza para más” … ya veremos.

¿Qué debiera ocurrir y qué debiera esperarse a partir de ahora? Primero, ahora que un juzgado ha fallado en favor del estado de Quintana Roo, especificando que la ampliación de la concesión hasta el 2053 no tiene fundamento jurídico, conocer el recurso que, seguramente, interpondrá Aguakán. Luego de ello, esperar una audiencia final, la cual, seguramente, ocurrirá después de la primera elección nacional judicial, el 01 de junio de este 2025, contando con que, aun cuando se cambiase de juzgador, el sentido del resolutivo no variará.

Y bueno, aun cuando represente adelantarse demasiado a los hechos, la lección histórica que debiera aprenderse es que, concesionar servicios que el Estado está obligado a proporcionar, siempre representará un encarecimiento del servicio para el ciudadano y no necesariamente una mejoría en calidad; además de que genera incongruencia discursiva, teórica y -según dicen los expertos- hasta una doble tributación. Así que, qué bueno que no se concesionará de nuevo el agua potable, pero por qué no vamos recuperando otros servicios como el de recoja de basura y, ahora, hasta la colecta de sargazo, empresas como Red Ambiental, vaya que han encontrado un magnífico “nicho de oportunidad” en Quintana Roo, ¿o no?

COMENTARIO MORBOSO

Y a propósito de no robarse los recursos, la mayoría de los presidentes y presidentas municipales quintanarroenses han estado más que “calladitos/as” ante las observaciones de más de 500 millones de pesos, hechas por la Auditoría Superior de la Federación. En contraparte, se “echó a andar” una “caja china” que no tapa nada, por el contrario, evidencia que no importa el partido político, cuando de “uñas largas” se trata. Medios locales han destacado un hecho importante: Laura Fernández Piña estaría por perder su libertad, por malversar unos 85 millones de pesos en Puerto Morelos (que es lo que se le ha  podido acreditar) y a Lily Campos Miranda, en Playa del Carmen, le han encontrado irregularidades por unos 174 millones de pesos. Toda una fortuna.

Sin embargo, si se compara con municipios de la 4T como Benito Juárez, donde dice gobernar Ana Patricia Peralta de la Peña, lo de las exalcaldesas citadas parece “juego de niños”, pues allá en Cancún, solo en la cuenta pública 2023, se ha identificado un daño al erario por 291 millones de pesos y siguen creciendo los rubros en donde la malversación parece la constante. Insiste el escribiente, no importa el partido, es la misma podredumbre en la misma clase política.

Va de nuevo la pregunta, ¿cuál frase usarán ahora los presidentes municipales de la 4T en Quintana Roo: “no somos iguales”, o “pero el PRI robó más”?  ¿nota el lector la ausencia de opciones reales de cambio? Ya le iremos mostrando cómo parecieran surgir otros liderazgos diferentes, pero aun tendrán que consolidarse…si los dejan; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.