DIANA ALVARADO 5 DE MARZO.- Existe una alta probabilidad que las reformas a la Ley de Movilidad, para darle facultades al Gobierno del Estado en transporte público, sean controvertidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por invadir esferas municipales y posiblemente federales, afirmó Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo.
En entrevista, el empresario indicó que, aunque tratan de escudar esta invasión de competencias, a través de un convenio, lo cierto es que, como existe un control político sobre los municipios, prácticamente se les obliga a firmar estos acuerdos, tal como ya pasó con el tema del impuesto predial, cuya cobranza fue transferida al estado.
“Usan como pretexto decir que la movilidad es deficiente, lo que es cierto, pero esto es algo que debieran resolver los municipios. En lugar, le dan potestad al Imoveqroo, para que haga negocios con empresas para brindar este servicio”, criticó.
Estos acuerdos pueden resultar lesivo para las finanzas municipales, tal como se está viendo en Yucatán, sin que los ayuntamientos tengan poder de decisión sobre estos contratos y sin que futuras administraciones puedan revertirlos.
Ante este panorama, es probable que este decreto sea analizado por la CNDH y que ésta interponga una controversia constitucional, tal como ya lo han hecho con otros temas, como el cobro por actas de nacimiento, el derecho de alumbrado público, por mencionar algunos.
“Al Congreso del Estado ya les han bajado como 11 decretos”, comentó.
Eduardo Galaviz lamentó que a nivel estatal, no exista ninguna oposición, pues los partidos contrarios a la alianza en el poder ya están “integrados”. Esto quedó más que patente con el voto en favor de esta reforma de movilidad por parte de Reyna Tamayo, diputada y dirigente estatal del Partido Acción Nacional.
‘LEY CENSURA’
Por otro lado, Galaviz Ibarra consideró como riesgosa la iniciativa de ley planteada por el Partido Verde, para restringir el uso de imágenes de personas, por poder derivar en una restricción al ejercicio periodístico y a la libertad de expresión.
“La fundamentación de esta iniciativa es válida, pues hay un uso cuestionable que se les da a las imágenes, incluso con fines sexuales; sin embargo, al ver la letra de la ley, dicen que la imagen de una persona no puede ser reproducida o vendida sin su consentimiento”, comentó.
Esto dificultaría la difusión de fotografías, videos o audios con contenido periodístico, e incluso limitaría el alcance de las campañas políticas, pues se tendría que obtener una autorización expresa para publicar este material.
“Si llegar a aprobarse, lo que seguramente ocurrirá, porque tienen el control del Congreso, es casi seguro que la CNDH ingresaría una controversia constitucional”, adelantó.
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