DIANA ALVARADO 23 DE MARZO.-La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga el derrame de petróleo registrado en el Golfo de México, el cual ha afectado zonas de Veracruz y Tabasco, y confirmó que ya se configura un delito penal por este caso.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el incidente fue provocado por un barco privado, por lo que se realizan las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.
Sheinbaum aclaró que no se trata de un derrame originado por Petróleos Mexicanos (Pemex); sin embargo, la empresa productiva del Estado participa en las labores de limpieza en el mar y en las playas afectadas.
“Ya hay un delito penal en este caso”, subrayó la presidenta, al indicar que se solicitó la intervención de la FGR para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
Asimismo, informó que instruyó al director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, trasladarse a la zona afectada para evaluar la situación y determinar si se requieren más recursos para acelerar las tareas de limpieza.
La mandataria enfatizó que la empresa propietaria del barco deberá responder por los daños ambientales ocasionados, una vez que se confirme su responsabilidad en el derrame.
Indicó que, además de la FGR, también participan instancias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) en la atención del caso desde el ámbito administrativo y ambiental.
De acuerdo con reportes de organizaciones ambientales, el derrame ha impactado más de 630 kilómetros del litoral del Golfo de México, lo que ha generado preocupación por sus efectos en ecosistemas marinos y actividades económicas como la pesca y el turismo.
Las autoridades federales continúan con las investigaciones para determinar el origen exacto del derrame y aplicar las sanciones correspondientes, mientras se mantienen las labores de contención y limpieza en las zonas afectadas.
Con estas acciones, el gobierno federal busca deslindar responsabilidades y garantizar la reparación del daño ambiental, en uno de los incidentes recientes más relevantes en la región del Golfo de México.
