DIANA ALVARADO | 12 DE JULIO DE 2026.-A casi dos meses del inicio formal del proceso electoral federal 2026-2027, los principales partidos políticos ya se encuentran inmersos en una etapa anticipada de competencia interna, conocida como las “pre-pre-precampañas”, en la que diversos aspirantes recorren los estados, realizan asambleas y buscan posicionarse rumbo a la definición de candidaturas para las elecciones del próximo año.
El fenómeno tiene como antecedente una sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en 2023, mediante la cual se reconoció que los partidos pueden establecer mecanismos internos para evaluar y seleccionar a sus liderazgos antes del arranque oficial de las precampañas, siempre que dichas actividades no constituyan actos anticipados de campaña.
En este contexto, Morena inició desde junio el registro de aspirantes para definir a quienes encabezarán las coordinaciones estatales de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027. Otros partidos, como el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PVEM y PT, también han comenzado a movilizar a sus posibles candidatos mediante reuniones, giras y actividades de posicionamiento político.
El consejero electoral Arturo Castillo Loza ha insistido en la necesidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) establezca un marco normativo más sólido para regular y fiscalizar estas actividades anticipadas. El objetivo, explicó, es que la autoridad electoral pueda supervisar desde ahora el origen y destino de los recursos utilizados, así como garantizar condiciones de equidad entre quienes buscan una candidatura.
El TEPJF ordenó previamente al INE elaborar lineamientos generales para la regulación y fiscalización de estos procesos internos, debido a que la legislación vigente no contempla de manera específica esta fase previa a las precampañas oficiales. La autoridad electoral trabaja actualmente en dichos criterios para evitar vacíos legales y brindar certeza de cara al proceso electoral que iniciará formalmente en septiembre.
Especialistas en materia electoral consideran que la creciente anticipación de las actividades proselitistas representa uno de los principales desafíos para las autoridades, ya que los partidos han encontrado mecanismos para promover a sus perfiles sin ubicarse formalmente dentro de los periodos establecidos por la ley. Esto obliga al INE a adaptar sus esquemas de supervisión y fiscalización ante una competencia política que, en los hechos, ya comenzó.
Con el arranque de estas “pre-pre-precampañas”, el escenario político rumbo a las elecciones de 2027 comienza a tomar forma varios meses antes del inicio oficial del proceso electoral, mientras el INE avanza en la elaboración de reglas que permitan vigilar estas actividades y preservar la equidad en la contienda.







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