DIANA ALVARADO 10 MARZO 2021.- Luego de que el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) declaró procedente la Consulta Popular sobre Aguakán a realizarse el próximo 6 de junio, la diputada con licencia Erika Castillo Acosta destacó que se trata de un importantísimo logro de la senadora con licencia Marybel Villegas Canché de la mano de los ciudadanos en la lucha contra los excesos y abusos de la empresa concesionaria.
Este 9 de marzo, el IEQROO declaró procedente dicha Consulta Popular tras validar las más de 50 mil firmas de petición ciudadanas recabadas en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos.
“Los ciudadanos y muchos funcionarios estamos muy contentos de que esta Consulta Popular sea una realidad, como diputada no puedo quedarme cruzada de brazos ante los excesos y abusos de Aguakán, el 6 de junio se hará esta consulta y la respuesta de los ciudadanos determinará si se le revoca la concesión, por eso será muy importante que la gente participe y vote”, dijo.
Érika Castillo subrayó que la Consulta Popular y la propia Marybel Villegas han sido descalificadas de manera constante aduciendo fines electorales “pero nada que ver, se trata de una lucha real de los ciudadanos, y ahí están las firmas que la respaldan, para acabar con una concesión que ha resultado perjudicial en todos los sentidos. La ley, la justicia y la fuerza están del lado de Marybel y de los ciudadanos”.
Añadió que si se logra una respuesta positiva a favor de revocar la concesión en el mínimo porcentaje que marca la ley para que sea vinculante, el gobierno estará obligado a acatar la voluntad expresada en la consulta y deberá iniciar el proceso legal para la revocación definitiva a Aguakán.
Entre los muchos abusos de Aguakán en contra de los ciudadanos, Érica Castillo acusó la constante alza de precios en las tarifas de manera discrecional amparándose en un articulado de la Ley de Tarifas pero asegura que ha sido aprobada por los diputados del Congreso de Quintana Roo lo que es totalmente falso.
“Aguakán ha lanzado una campaña contra el Congreso y afirma que las alzas a las tarifas de agua han sido aprobadas por los diputados, nada más falso. El último incremento a las tarifas que aprobó el Congreso fue en el 2011, los aumentos posteriores los autorizó el consejo directivo de CAPA y se amparan en la Ley de Tarifas pero hay contradicciones en la ley, como en el año 2019 cuando se aumentaron las tarifas en un cien por ciento”, aclaró.
Por ello, continuó, Érika Castillo ingresó a la XVI Legislatura una iniciativa de reforma que ya se encuentra en análisis de comisiones para armonizar la ley eliminar esa contradicción y obligar a que las propuestas de aumentos de tarifas pasen efectivamente por el Congreso local.
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