DIANA ALVARADO 29 SEPTIEMBRE 2019.- La diputada federal Mildred Ávila Vera denunció en la Cámara de Diputados un caso de negligencia médica, violencia obstétrica, violencia institucional y omisión en la investigación de un presunto delito en el caso de una adolescente de 16 años que la semana pasada dio a luz en una banca del Centro de Salud de Nicolás Bravo.
La legisladora expuso la indignación generada por ese caso, que se dio en esa comunidad del municipio de Othón P. Blanco.
No podemos tolerar la negligencia en que incurren las autoridades sanitarias al no brindar atención oportuna a una menor con un embarazo de alto riesgo, especialmente cuando se sabe que sería su tercer hijo, expuso.
“La omisión de atención médica oportuna ante una urgencia obstétrica se constituye en violencia obstétrica, violencia institucional ante la deficiente prestación de servicios de salud”, manifestó.
Y añadió: “al ser su tercer hijo es claro que quedó embarazada antes de los 14 años, lo que, según el Código Penal del Estado constituye automáticamente el delito de violación, lo que agrega violencia sexual al caso”.
Ávila Vera subrayó que en Quintana Roo las mujeres son perseguidas por abortar, aunque sean pobres, indígenas o analfabetas o con limitada capacidad en la toma de decisiones.
Esas mujeres “son criminalizadas y objeto de discriminación por parte del Estado conforme a la Constitución del Estado y el mismo Código Penal”.
Asimismo, rechazó rotundamente la respuesta de la Jurisdicción Sanitaria, dependiente de la Secretaría Estatal de Salud, que culpa a la menor por no asistir a sus dos últimos controles y no contaba con un plan de trabajo de parto.
Se evidencia su profundo desconocimiento de las limitaciones sociales y culturales que cotidianamente enfrentan las menores para cuidar su salud sexual y reproductiva, en especial si tienen la carga del cuidado de otros hijos.
También rechazó las justificaciones respecto al limitado horario o personal disponible porque refleja violencia estructural ante la carencia de servicios de salud en Nicolás Bravo.
Por último, pidió al gobierno de Quintana Roo que no tolere esas omisiones y se sancionen, se investigue el posible delito se violación de la menor y se estructure una política sólida para atender la salud sexual y reproductiva, con mecanismos para que las víctimas de violación tengan acceso oportuno al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
La legisladora de Morena entregó una carta que lleva 59 firmas de diputadas y diputados federales.
