DIANA ALVARADO | 4 DE AGOSTO DE 2026.-El Gobierno de México reiteró que los nuevos lineamientos en materia de derechos de las audiencias no representan un mecanismo de censura ni buscan limitar la libertad de expresión de los medios de comunicación. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las empresas concesionarias de radio y televisión únicamente deberán cumplir con las obligaciones previstas en la legislación para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información diferenciada entre hechos y opiniones, así como contar con códigos de ética y defensorías de las audiencias.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria respondió a las críticas formuladas por diversos sectores que consideran que la regulación podría abrir la puerta a la censura. Sheinbaum sostuvo que esas interpretaciones son incorrectas y aseguró que el Estado no calificará el contenido de los medios ni determinará qué información es verdadera o falsa, sino que las propias empresas deberán establecer mecanismos internos para cumplir con sus responsabilidades frente a las audiencias.
La presidenta explicó que los lineamientos establecen obligaciones como la existencia de un código de ética, un defensor de las audiencias y mecanismos para atender quejas del público, figuras que ya están contempladas en la legislación mexicana. Añadió que las eventuales sanciones no estarán relacionadas con opiniones o líneas editoriales, sino con el incumplimiento de esas obligaciones administrativas por parte de los concesionarios.
Funcionarios del Gobierno federal precisaron que la consulta pública sobre los lineamientos continuará abierta durante el periodo establecido por la autoridad reguladora, con el propósito de recibir observaciones de especialistas, concesionarios, organizaciones civiles y ciudadanos. El Ejecutivo sostuvo que el objetivo es fortalecer la protección de los derechos de las audiencias sin afectar el ejercicio periodístico ni la libertad de expresión garantizada por la Constitución.
Las nuevas disposiciones han generado posiciones encontradas entre representantes de medios de comunicación, organizaciones de periodistas y especialistas en telecomunicaciones. Mientras algunos consideran que la regulación fortalece el derecho de las audiencias a recibir información clara y transparente, otros advierten que ciertos conceptos podrían dar lugar a interpretaciones que afecten la libertad editorial y propicien la autocensura.
Ante este escenario, Sheinbaum reiteró que el Gobierno federal mantendrá el diálogo con los distintos sectores involucrados y defendió que la iniciativa busca garantizar el acceso de la población a información de calidad sin vulnerar la libertad de prensa. Insistió en que la responsabilidad de cumplir con los derechos de las audiencias corresponde a las empresas concesionarias de comunicación y que ello debe entenderse como una obligación legal, no como un mecanismo de censura.
