DIANA ALVARADO | 4 DE AGOSTO DE 2026.-La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que presentará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para establecer con claridad que el monto máximo de las pensiones de exservidores públicos financiadas con recursos públicos no podrá superar la remuneración de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal. La propuesta busca precisar el alcance del artículo 127 de la Constitución, luego de que la reforma aprobada meses atrás dejara dudas sobre el límite aplicable a estas prestaciones.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la modificación será elaborada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y enviada al Congreso cuando inicie el próximo periodo ordinario de sesiones. Indicó que el objetivo es eliminar cualquier ambigüedad jurídica para impedir que exfuncionarios de organismos públicos continúen recibiendo pensiones superiores al salario presidencial con cargo al erario.
Sheinbaum recordó que la reforma aprobada en marzo de este año pretendía poner fin a las llamadas “pensiones doradas”, pero reconoció que el texto constitucional no dejó expresamente establecido el límite máximo de dichas prestaciones. Por ello, la nueva iniciativa precisará que ninguna pensión de exservidores públicos de confianza podrá rebasar la percepción de la persona titular del Ejecutivo Federal.
La Presidenta señaló que la medida está dirigida exclusivamente a altos mandos y personal de confianza de organismos públicos, empresas paraestatales y entidades financieras del Estado que reciben pensiones con recursos públicos. Aclaró que no afectará a trabajadores sindicalizados, de base, integrantes de las Fuerzas Armadas ni a quienes cuenten con derechos derivados de contratos colectivos de trabajo, cuyos regímenes de retiro continuarán rigiéndose por la legislación correspondiente.
El Gobierno federal sostiene que existen casos de exfuncionarios que perciben jubilaciones muy superiores al promedio nacional, lo que representa una carga importante para las finanzas públicas y contradice los principios de austeridad republicana. La reforma busca homologar los criterios aplicables a las pensiones financiadas con recursos públicos y fortalecer el marco constitucional para evitar interpretaciones que permitan mantener beneficios considerados excesivos.
Con esta iniciativa, la administración de Claudia Sheinbaum pretende consolidar su política de austeridad y control del gasto público, reforzando las restricciones a las remuneraciones y prestaciones de los altos funcionarios del Estado. La propuesta será discutida por el Congreso de la Unión durante el próximo periodo legislativo y, de ser aprobada, establecerá de forma expresa que el límite de las pensiones de los exservidores públicos deberá corresponder al salario de la persona titular del Ejecutivo Federal.
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