Se trata de un ministerio público y su jefa, encargada de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, señalados de incumplir de manera injustificada una sentencia que concedió el amparo. Ahora serán juzgados y sancionados por la desobediencia cometida.
La Suprema Corte informó que los funcionarios incumplieron todos los requerimientos que se les hicieron para devolver joyería que fue valuada en más de 200 millones de pesos.
Entre otros aspectos, no atendieron la orden de llevar a cabo el desahogo de diversas diligencias probatorias, a través de las cuales tres ciudadanos buscaban acreditar la propiedad y obtener la devolución de los bienes asegurados.
Además, las autoridades responsables no informaron al juez de amparo sobre la entrega material de los bienes al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
El asunto quedará abierto hasta que el amparo en efecto proteja a los ciudadanos, “pues es una cuestión de orden público e interés general que la protección otorgada pueda materializarse”.
Además, las personas que ocupen sus cargos tendrá 10 días hábiles para que den aviso de las acciones que realicen para dar cumplimiento a la sentencia aludida.
Elementos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) aseguraron en 2014 más de 4 mil joyas y diamantes al presunto contrabandisa Apel Çelik.
Sin embargo, los ciudadanos Érika Paola Avilés Demeneghi, Guadalupe Demeneghi Morales y Julián José Betancourt Turriza reclamaron legalmente la posesión de las joyas.
A lo largo de las años la Procuraduría y ahora Fiscalía se resistió a entregar las joyas y a documentar su destino.
Supuestamente, los diamantes estaban en una bóveda de la fiscalía, pero en algún momento presuntamente se entregaron al gobierno para una subasta, luego de que fueron declaradas como ‘abandonadas’.
