roberto borge angulo

A Tiro de Piedra   / Por Julian Santiesteban   / Que no se han sancionado a todos los que hincharon sus cuentas privadas con recursos públicos es evidente; que los “peces gordos” del borgismo y felixismo están más tranquilos que preocupados también lo es; que además muchos de los que fueron funcionarios de primer nivel rondan ahora de nuevo la administración pública es incluso preocupante, pero que Roberto Borge Angulo permanecerá en prisión, prácticamente hasta el final del gobierno de Carlos Joaquín González, eso es seguro. Si el camino de Borge Angulo fuera similar al de su ex homólogo veracruzano –como lo ha aseverado en varias ocasiones el escribiente-, Javier Duarte de Ochoa, el ex gobernador quintanarroense estaría a punto de obtener la facilidad de llevar el proceso en libertad por las acusaciones  federales que tiene por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero la vinculación a proceso que ayer dictara un juez local, por aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública determina que estará en prisión preventiva por riesgo de fuga hasta por dos años. En términos concretos, aun cuando al final del proceso se determinara la no culpabilidad, estará en prisión hasta finales de 2021, meses antes de que concluya el actual sexenio. Falta mucho, nada se sabe de Juan Pablo Guillermo, el ex titular de Sefiplan, de Eliézer Villanueva Lanz, ex secretario técnico de la dependencia y      quien, según versiones públicas, era quien manejaba todos los negocios turbios al amparo del poder; ningún avance hay en contra de Fernando Escamilla Carrillo, ex titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) –hoy de Obras Públicas- y a quien se acusa de innumerables delitos como contratación inexistente de maquinaria por unos 200 millones de pesos, la fallida construcción del Auditorio del Bienestar por más de 300 millones de pesos y muchas cosas más. Sí, si falta mucho y en esos temas no debiera haber olvido; pero la “cabeza” está en prisión y ahí quedará. El discurso de Borge Angulo en la audiencia pública rondó los lugares comunes; se dijo perseguido político y lo afirmado se vende fácilmente porque es la administración de su sucesor quien lo enjuicia ¿pero no es atribución gubernamental hacerlo? ¿Acusará ahora Borge Angulo –como también hizo Duarte de Ochoa, de nuevo el camino similar- al ex presidente Enrique Peña Nieto, de la misma acción? Lo cierto es que las insultantes fortunas de ambos ex gobernadores hacen insostenibles sus respectivos discursos: Casas, terrenos, empresas, la vida de dispendio y el remate de los bienes públicos. Víctimas de venganza no, de su propia soberbia muy probablemente. Hicieron lo que es común en los políticos mexicanos, enriquecerse al amparo del poder, el error fue pensar que no serían castigados; porque descubiertos siempre estuvieron, nunca ocultaron su opulencia. Bien en lo inmediato por las instancias gubernamentales, falta que al final del proceso los casos de Borge Angulo y Duarte de Ochoa no concluyan como el de Elba Esther Gordillo Morales, porque entonces sí se derrumbará la cruzada justiciera; pero sobre todo, falta la caída de los cómplices –sobre todo los que viven en Mérida-; falta que regresen realmente los recursos a las arcas, falta que se apliquen en beneficio de los gobernados y también queda pendiente el que los señalados del pasado no regresen triunfantes a la actual vida política y administración pública; pues se supone que sus acciones fueron condenables, ¿o sólo por un tiempo? COMENTARIO MORBOSO A propósito de extraños “regresos”, desde hace algunos días se especula sobre la pretensión de Candy Ayuso Achach y José Alberto Alonso Ovando, de dirigir el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Quintana Roo. De la primera poco puede decirse, ex diputada local y ex coordinadora de la campaña en la entidad del ahora dirigente nacional tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas; hija de Magaly Achach, ex alcadesa de Benito Juárez. Pero del segundo vaya que si hay cuestionamientos, sobre todo porque en las últimas semanas también ha corrido el rumor de su incorporación como asesor de la actual administración estatal. Alonso Ovando fue titular de la desaparecida Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (Seplader), en los tiempos de Félix González Canto; y aunque Hacienda contrató la deuda, fue la Seplader la responsable de presentar los proyectos que justificaron los diez mil millones solicitados de crédito y heredados a Roberto Borge Angulo. Ya con Borge como gobernador, fue diputado local unas semanas, titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), dejando esa instancia –luego de preparar la ampliación de concesión para Aguakán, firmada por Paula González Cetina, quien fue su subsecretaria en Seplader- para ir a la Secretaría de Educación, dependencia esta última en la que, durante su gestión, se descontaron a maestros más de 500 millones de pesos en prestaciones que nunca se enteraron a las instancias respectivas. Más aún, Alonso Ovando recomendó –era su subdirector de Obra en CAPA- a Fernando Escamilla Angulo para ser el titular de la Sintra y los resultados, pues ya se conocen. ¿En verdad el regreso de Alonso Ovando es de la mano de algún asesor de la administración actual? ¿Alguien le habrá informado al mandatario actual de esa determinación? ¿Asesor de gobierno, dirigente priísta y hasta futuro candidato a diputado federal? Quien haga semejante recomendación, que prepare también un nuevo discurso, pues deberá abandonarse definitivamente el del repudio en contra de los endeudadores y felixistas-borgistas… están rescatando un “dorado” de ellos; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.