DIANA ALVARADO 25 DE JULIO 2025.— Si bien la detención de Antonio Arturo “N”., en el vecino estado de Yucatán, es un hecho digno de celebrar, es lamentable que la mujer que agredió tuviera que recurrir a un diputado federal y que además debiera ser revictimizada al difundir su agresión, para que las autoridades finalmente tomaran acción.
Así opinó Ariadne Song Anguas, vocera del colectivo feminista “Xtabay”, quien cuestionó si acaso todos los casos de violencia de las mujeres deberán “viralizarse” para presionar a la Fiscalía General del Estado para que haga su trabajo.
En entrevista, la activista señaló que en este caso hubo una violación abierta a una medida de protección, debido a una presunta omisión en la notificación de la misma, y en su ratificación por un juez de control.
La ley dice que una medida de protección, comúnmente llamada una orden de restricción, debe ser ratificada por un juez en un plazo de cinco días, algo que al parecer aquí no ocurrió.
“¿Cómo es que el ministerio público, al momento de recibir esta denuncia y determinar emitir esta medida, no procede a notificar de inmediato?”, cuestionó. “Y si el victimario se ríe de la medida y dice que se basa en una denuncia falsa, ¿cómo es que no se consigue de inmediato la ratificación de un juez, quien le informe al imputado que violarla es un delito que se suma a los que ya se le acusa?”
Con la medida debe quedar un registro con la policía, para que responda de inmediato en caso de un llamado de auxilio, pero feministas han comprobado que, incluso con estas medidas, las patrullas tarda 20 o 30 minutos en llegar, tiempo suficiente para que una mujer sea agredida, o hasta asesinada, y para que su victimario se dé a la fuga.
Song Anguas aplaudió la valentía del diputado federal Sergio Mayer, quien incluso se arriesga a consecuencias legales, al difundir la agresión sufrida y exigir el actuar de las autoridades, aunque lamentó que no haya sido algún diputado local o federal de Quintana Roo, quienes se muestran ausentes.
Aunque no se saben las circunstancias en que el legislador fue contactado y en que se decidió difundir el video, con el que se revictimiza a la agredida, es evidente que esta mujer optó por esta vía porque no tiene confianza en las autoridades, y que pese a que interpuso una denuncia, es nuevamente violentada.
“El agresor resulta ser parte de una familia de empresarios, con lo que se deduce que gozaba de algún tipo de protección”, criticó.










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