DIANA ALVARADO 29 DE MAYO.-La Cámara de Diputados aprobó la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un nuevo órgano que tendrá como objetivo detectar posibles vínculos entre aspirantes a cargos de elección popular y actividades delictivas, particularmente relacionadas con el crimen organizado. La reforma forma parte del paquete de iniciativas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para blindar los procesos electorales rumbo a 2027.
La reforma fue aprobada tras una intensa sesión legislativa que se prolongó por más de 30 horas y estuvo marcada por confrontaciones entre legisladores oficialistas y de oposición. El dictamen obtuvo mayoría de votos de Morena, PT y PVEM.
La nueva comisión operará dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) y recibirá, de manera voluntaria, listas de personas que los partidos políticos pretendan postular para cargos de elección popular federales o locales. Posteriormente, solicitará información a diversas instancias del Estado para realizar evaluaciones de riesgo sobre los perfiles revisados.
Entre las instituciones que participarán en el proceso de verificación se encuentran:
Fiscalía General de la República (FGR)
Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Estas dependencias analizarán información disponible para determinar si existe un “riesgo razonable” de relación con actividades delictivas.
Los legisladores aprobaron además una modificación para que la comisión quede integrada por tres consejeros electorales, en lugar de cinco como planteaba originalmente la iniciativa.
El oficialismo defendió la medida argumentando que busca impedir la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales y fortalecer la confianza ciudadana en las candidaturas.
Por su parte, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra al considerar que la reforma podría utilizarse con fines políticos y vulnerar principios como la presunción de inocencia. Legisladores opositores advirtieron que las evaluaciones podrían convertirse en herramientas de presión contra adversarios políticos.
La iniciativa surge en medio del debate nacional sobre la llamada “narcopolítica”, luego de diversos casos de funcionarios y exfuncionarios investigados o detenidos por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Tras su aprobación en San Lázaro, la reforma continuó su trámite legislativo y posteriormente fue avalada por el Senado de la República, por lo que fue enviada al Ejecutivo Federal para su promulgación.
La creación de esta comisión representa uno de los cambios más relevantes en materia electoral de los últimos años y forma parte de una estrategia más amplia del gobierno federal para reforzar los controles sobre las candidaturas que participarán en los procesos electorales futuros.
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