DIANA ALVARADO 29 DE MAYO.-La aplicación de la nueva Ley de Austeridad en el Instituto Nacional Electoral (INE) generará un ahorro estimado de 375.9 millones de pesos para el ejercicio 2027, derivado principalmente de ajustes salariales en los niveles más altos de la estructura administrativa y la eliminación de prestaciones especiales.
De acuerdo con documentos internos del organismo electoral, la reforma obliga al INE a adecuar sus tabuladores salariales para cumplir con el principio constitucional de que ningún servidor público puede percibir ingresos superiores a los de la Presidenta de la República.
Los ajustes impactarán a 262 funcionarios de mando, incluyendo consejeros electorales, directores ejecutivos, titulares de área y otros cargos superiores dentro de la institución.
Actualmente, los consejeros electorales perciben ingresos brutos anuales de aproximadamente 4.4 millones de pesos, equivalentes a cerca de 366 mil pesos mensuales, cifra superior a las percepciones de la titular del Poder Ejecutivo Federal.
Como parte de las medidas de austeridad, el INE también eliminará el seguro de gastos médicos mayores para personal de mando, prestación que beneficiaba a 3 mil 232 plazas, alrededor del 17 por ciento de toda la plantilla laboral del organismo.
Sin embargo, los funcionarios de nivel superior conservarán diversas prestaciones, entre ellas:
Aguinaldo de al menos 40 días de sueldo tabular.
Prima vacacional.
Vacaciones anuales.
Seguro institucional de vida.
Seguro colectivo de retiro.
Prima quinquenal.
Apoyo mensual de despensa para la mayoría de mandos.
Asimismo, los consejeros electorales mantendrán algunas prestaciones inherentes a sus funciones, como vehículos oficiales y apoyos para alimentación dentro de los límites autorizados por la normatividad interna.
La Dirección Ejecutiva de Administración del INE elaboró la propuesta de modificación de tabuladores y manuales de remuneraciones para dar cumplimiento a la reforma constitucional publicada el pasado 23 de abril, la cual establece la obligación de racionalizar el gasto público y homologar percepciones conforme al artículo 127 de la Constitución.
Las medidas forman parte del proceso de ajuste presupuestal impulsado por el gobierno federal y respaldado por el Congreso, bajo el argumento de fortalecer la austeridad republicana y reducir privilegios dentro de los organismos autónomos.
El INE deberá concluir durante los próximos meses la revisión integral de su estructura salarial y administrativa para incorporar formalmente estos cambios en el presupuesto del próximo año.
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