DIANA ALVARADO 31 DE MAYO.-La aplicación de la Ley de Austeridad Republicana permitirá al Instituto Nacional Electoral (INE) generar un ahorro estimado de 375.9 millones de pesos, derivado principalmente de reducciones salariales para funcionarios de alto nivel y la eliminación de prestaciones consideradas extraordinarias.
De acuerdo con documentos internos del organismo electoral, los ajustes forman parte de la adecuación obligatoria a la reforma constitucional en materia de remuneraciones públicas, la cual establece que ningún servidor público puede percibir ingresos superiores a los de la Presidenta de la República.
La medida impactará directamente a 262 funcionarios de mando superior, incluyendo consejeros electorales, directores ejecutivos, titulares de unidades técnicas y otros cargos de alta responsabilidad dentro del instituto.
Actualmente, los consejeros electorales perciben ingresos brutos anuales cercanos a los 4.4 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 366 mil pesos mensuales, cifra superior al salario presidencial.
Entre las acciones contempladas para alcanzar el ahorro estimado destacan:
Ajuste de tabuladores salariales.
Reducción de percepciones de altos funcionarios.
Eliminación del seguro de gastos médicos mayores.
Revisión de compensaciones especiales.
Adecuación de prestaciones complementarias.
Uno de los cambios más significativos será la desaparición del seguro de gastos médicos mayores para personal de mando, beneficio que actualmente cubre a más de 3 mil 200 trabajadores del organismo.
No obstante, diversos funcionarios conservarán prestaciones laborales establecidas por la normatividad vigente, entre ellas:
Aguinaldo.
Prima vacacional.
Seguro institucional de vida.
Seguro colectivo de retiro.
Prima quinquenal.
Apoyo de despensa para determinados niveles jerárquicos.
La Dirección Ejecutiva de Administración del INE presentó las adecuaciones como parte de los trabajos para armonizar la operación institucional con la reforma aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en abril pasado.
Legisladores de Morena han defendido la medida argumentando que permitirá eliminar privilegios dentro de organismos autónomos y fortalecer el principio de austeridad republicana impulsado por los gobiernos de la Cuarta Transformación.
Por su parte, algunos consejeros electorales han expresado preocupación por el posible impacto que estas reducciones podrían tener en la capacidad del instituto para atraer y conservar personal especializado en áreas técnicas y electorales.
La discusión ocurre en un momento en que el INE enfrenta nuevas responsabilidades derivadas de las recientes reformas electorales, incluyendo mecanismos de verificación de candidaturas y tareas relacionadas con futuros procesos electorales federales y locales.
Las modificaciones deberán integrarse formalmente al presupuesto institucional de 2027 una vez que concluyan las adecuaciones administrativas y jurídicas correspondientes.
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